En una reciente audiencia en el Tribunal Federal en San Juan, el activista Pedro Julio Serrano subrayó la urgente necesidad de implementar medidas adicionales en la Reforma de la Policía para proteger a la comunidad LGBTQ+ en Puerto Rico. Según Serrano, a pesar de algunos avances en el cumplimiento de la Reforma, persisten serias deficiencias en la protección de derechos civiles para esta comunidad.
El informe del monitor federal, John Romero, reconoció una mejoría general en el cumplimiento de la Reforma por parte de la Policía de Puerto Rico, con un aumento del 68% al 88% en “cumplimiento parcial”. Sin embargo, en el área de “Igual Protección y No Discriminación”, los avances fueron marginales. Romero destacó que, aunque la Policía ha mejorado en la entrega de servicios a las comunidades transgénero y transexual, el entrenamiento carece de profundidad y no incluye suficientemente a miembros de estas comunidades en su desarrollo y entrega.
Durante la audiencia, Serrano denunció que los miembros de la comunidad LGBTQ+ siguen siendo revictimizados debido a la falta de un manejo adecuado de sus identidades por parte de la Policía, y la insuficiente priorización de la investigación de crímenes de odio. Serrano mencionó varios casos no esclarecidos, incluyendo los de Alexa, Kevin Fret, y Eddie Xavier Morales Rodríguez, que subrayan la necesidad de una mejor respuesta policial.
El juez Francisco Besosa y el abogado del Departamento de Justicia Federal, Luis Saucedo, reconocieron la importancia de mejorar los entrenamientos y la supervisión. Saucedo expresó por primera vez que la creación de una junta de supervisión civil para la Policía podría ser una medida viable, sugiriendo que este organismo podría ayudar en la evaluación de adiestramientos, querellas y situaciones ocurridas dentro de la Policía.
Gabriel Peñagarícano, abogado del gobierno de Puerto Rico, respondió a las críticas afirmando que el gobierno está comprometido con el cumplimiento de la Reforma y subrayó los avances logrados en diversas áreas. Peñagarícano instó a no usar ejemplos específicos para desacreditar los esfuerzos en curso.
El secretario del Departamento de Seguridad Pública, Alexis Torres, enfatizó que las herramientas y organismos desarrollados dentro de la Reforma son adecuados para asegurar que la Policía respete los derechos civiles. Mencionó que se han asignado recursos adicionales a la Oficina de la Reforma y destacó la comunicación con la Junta Fiscal para asegurar fondos para tecnologías necesarias, como cámaras corporales y sistemas de documentación.
Contexto Adicional y Análisis
Las estadísticas de crímenes contra la comunidad LGBTQ+ en Puerto Rico reflejan una preocupante tendencia de violencia y discriminación. Según el FBI, los crímenes de odio basados en la orientación sexual e identidad de género han aumentado en los últimos años en los Estados Unidos, y Puerto Rico no es una excepción. En 2020, el Proyecto Mathew Shepard reportó un aumento significativo en crímenes de odio contra personas LGBTQ+ en la isla, incluyendo varios asesinatos de alto perfil.
El lenguaje utilizado por el juez Besosa y Peñagarícano en sus respuestas puede ser interpretado como minimizador de las preocupaciones de Serrano. Besosa se limitó a señalar las restricciones de su papel, mientras que Peñagarícano sugirió que las críticas no deberían desviar la atención de los logros alcanzados. Estas respuestas, aunque formales y protocolarias, podrían ser vistas como insuficientes para abordar las graves acusaciones y preocupaciones planteadas por Serrano.
En conclusión, aunque hay un reconocimiento de avances en la Reforma de la Policía, las declaraciones de Pedro Julio Serrano y la respuesta de las autoridades subrayan una necesidad continua de acciones más contundentes y específicas para proteger a la comunidad LGBTQ+ en Puerto Rico. La implementación de un organismo de supervisión civil podría ser un paso importante hacia una mayor transparencia y eficacia en la protección de los derechos civiles.